Edición nº4 de INCIDENCIA

En esta cuarta edición de INCIDENCIA, reflexionamos sobre diversos temas que actualmente están en la discusión social y de las políticas públicas, y que como Escuela de Gobierno queremos relevar dada su complejidad y premura.

Hay preocupación respecto a las tasas de desempleo de los grupos más educados, que tienen cada vez mayor participación en la fuerza de trabajo. Los datos entregados en esa nota aportan un panorama más bien mixto que sugiere poner atención a lo que está sucediendo con la evolución de ese desempleo, pero también dejan entrever que se requiere cautela en el análisis en lugar de desprender una situación dramática.   

En la segunda sección de este informe se presenta una pequeña nota de un académico de la Escuela de Gobierno, Eduardo Valenzuela, que aborda la complejidad criminal desde las políticas públicas. Entender este concepto es clave para las decisiones futuras en esta materia.  

En la tercera sección se presentan resumidamente algunos de los esfuerzos de investigación que realizan los académicos de nuestra Escuela y que habiéndose publicados en prestigiosas revistas académicas. Así, por ejemplo, el estudio de Thana de Campos se hace cargo, a partir de la experiencia de la pandemia, de una tendencia creciente que lleva a dejar morir solos a las personas. Esas decisiones se basan, habitualmente en cálculos utilitarios, que no solo están mal estimados, sino que no dan cuenta adecuadamente de otras consideraciones tanto o más importantes que aquellos.

La investigación de Magdalena Gil y Katherine Campos aborda la gestión de desastres en Chile y, en particular, la evolución que han tenido las que se conocen como herramientas de legibilidad en esas situaciones y que son fundamentales para apoyar a las familias afectadas. Se proponen cambios y coordinaciones que podrían hacer estas herramientas y la gestión de desastres más efectivas.

Por último, el profesor Diego Gil realiza un pequeño análisis respecto de cómo enfrentar la nueva realidad de campamentos a partir de las respuestas que el Panel de Políticas Públicas entregó al siguiente planteamiento: “Los terrenos que han sido tomados ilegalmente en la última década debieran ser desalojados, incluso si hay familias que han desarrollado su vida ahí.”