Profesor Diego Gil entrega recomendaciones sobre el proyecto de ley de integración social y urbana
El académico fue convocado por el Centro de Políticas Públicas UC junto a un grupo interdisciplinario de profesores de la universidad, quienes analizaron el proyecto en términos de zonas de integración, concesiones y gobernanza.
Siete expertos de la UC fueron convocados por el Centro de Políticas Públicas para analizar y entregar aportes a la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados sobre integración social y urbana. “El ejecutivo está respondiendo a la necesidad de establecer nuevas políticas públicas que permitan mayores grados de integración en la ciudad”, aseguró el académico de la Escuela de Gobierno Diego Gil en el “Encuentro Integración Social y urbana: aportes críticos para la nueva ley”.
El académico fue invitado junto a Luis Eduardo Bresciani de Arquitectura, Alejandra Rasse de Trabajo Social, Felipe Link, Javier Ruiz-Tagle y Francisco Sabatini del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y Pía Mora del Centro de Políticas Públicas UC, quienes analizaron las principales dificultades del proyecto y entregan algunas propuestas.
“Proponemos que se incluya una definición explícita de lo que significa integración social y urbana y que pueda asociarse a indicadores que sean cuantificables, lo que no está en el proyecto de ley”, señaló Diego Gil.
Para el académico, el proyecto de ley asocia el objetivo de la integración social urbana al acceso a bienes públicos urbanos, pero deja de lado el concepto de integración como interacción de distintos grupos sociales en el espacio urbano. “Falta definir de forma más explícita el objetivo del proyecto, incluyendo la dimensión de mixtura social, y asociarla a indicadores medibles”, explicó.
Otro de los problemas que identifican es la excesiva confianza en que el mercado va a poder generar vivienda inclusiva. “Establece incentivos que no están asociados a obligaciones y eso nos parece que puede disminuir el impacto de un proyecto de ley de este tipo”, señaló al referirse a las zonas de integración, donde tendrían un rol clave los municipios y desarrolladores inmobiliarios.
“El proyecto de ley descansa fuertemente en la idea de incentivos al sector inmobiliario, y no considera la posibilidad de establecer obligaciones tanto a las municipalidades como a los agentes inmobiliarios para asegurar la generación de vivienda social integrada”, agregó el profesor.
Luego fue el turno de la académica Alejandra Rasse quien expuso las recomendaciones en materia de concesiones, y los diputados Gonzalo Winter (presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja) y Osvaldo Urrutia comentaron respecto a lo que se está tramitando esta iniciativa.
Más detalles de esta actividad, en el Centro de Políticas Públicas UC
