Profesores Celhay y Gil obtienen Fondecyt de iniciación
La Universidad Católica lideró las adjudicaciones, obteniendo financiamiento para 50 investigaciones. Dos de esos proyectos surgieron desde la Escuela de Gobierno, a cargo de los profesores Pablo Celhay y Diego Gil.
Santiago, 26 de octubre 2018 – Fueron 363 nuevas iniciativas con las cuales el Consejo Superior del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) comprometió recursos por un total de 26.87 millones de pesos en su línea Fondecyt de Iniciación, para generar una puerta de entrada a nuevos académicos a la investigación nacional.
Eficiencia y calidad en la salud pública
El área de trabajo del profesor Pablo Celhay se ha focalizado en la economía de la salud, salud pública y desarrollo económico, luego de realizar su doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago. Es por eso que el propósito de su investigación será explorar si los mecanismos de pago en los equipos de los Hospitales son un componente detrás de las bajas tasas de cumplimiento de las nuevas pautas médicas, y si los incentivos temporales –en vez de los permanentes- tendrían un efecto en la atención médica, y que permitiría bajar los costos y generar innovación.
El desafío de la segregación urbana e intervenciones administrativas en vivienda
Diego Gil se integró recientemente a la Escuela de Gobierno UC, luego de realizar su doctorad y máster en ciencias del derecho de la Universidad de Stanford, investigando sobre intervenciones gubernamentales en Estados Unidos respecto a vivienda y segregación urbana.
Es por ello que para el profesor la segregación urbana constituye un desafío relevante para el derecho y las políticas públicas, por lo que su propuesta de investigación tiene como objetivo hacer un análisis comparado de estrategias regulatorias dirigidas a promover la integración urbana en términos de viviendas, que representen formas de intervención administrativas distintas a programas implementados en Chile en las últimas décadas. Esto, desde la premisa de que el Estado pueden intentar limitar los efectos segregadores del mercado a través de intervenciones administrativas dirigidas a promover integración urbana.