Panel de Políticas Públicas UC estaría de acuerdo con elevar las exigencias para las acusaciones constitucionales

Foto de portada: Carlos Figueroa Rojas

La reciente consulta al Panel de Políticas Públicas UC -iniciativa de la Escuela de Gobierno UC- fue realizada en un contexto marcado por el debate político en torno a la Acusación Constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la discusión de una reforma constitucional impulsada por un grupo transversal de parlamentarios que busca elevar los requisitos para recurrir a este mecanismo.

Se consultó al Panel UC lo siguiente: “Es necesario elevar las exigencias para una acusación constitucional, requiriendo que primero ocurra una interpelación y haciendo más estrictas las causales y reglas de aprobación”. Del total de consultados, un 94% se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con la propuesta, mientras que un 3% señaló estar muy en desacuerdo, y otro 3% se declaró neutral.

Para Diego Gil, subdirector de la Escuela de Gobierno UC y vocero del Panel UC en esta ocasión, los resultados reflejan una preocupación creciente sobre la forma en que se ha utilizado esta facultad constitucional durante los últimos años.

“Esto releva una creciente preocupación de que este instrumento constitucional de las acusaciones constitucionales, particularmente la acusación a los ministros de Estado, se está utilizando de un modo problemático y anómalo, que dista del espíritu con el cual fue regulado este instrumento”, señaló.

El académico agregó que las acusaciones constitucionales fueron concebidas como un mecanismo excepcional para sancionar infracciones graves al ordenamiento jurídico. “Este instrumento está considerado en nuestro ordenamiento para destituir a la autoridad en caso de graves infracciones al ordenamiento jurídico. Lo que hemos visto en las acusaciones constitucionales que se han realizado en los últimos períodos políticos es que estas acusaciones se están utilizando más bien para evaluar la gestión de un ministro”, afirmó.

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Los resultados de esta consulta sugieren que, entre los integrantes del Panel de Políticas Públicas UC, existe una percepción compartida respecto de la necesidad de resguardar el carácter excepcional de las acusaciones constitucionales y evitar su utilización como una herramienta ordinaria de confrontación política

Preocupación por el uso creciente de las acusaciones constitucionales

Las opiniones entregadas por los integrantes del Panel de Políticas Públicas UC muestran una preocupación transversal por el uso que han tenido las acusaciones constitucionales en los últimos años. Entre los argumentos más recurrentes aparece la necesidad de resguardar su carácter excepcional y evitar que se transformen en una herramienta habitual de confrontación política.

Asimismo, distintos integrantes del Panel UC coincidieron en que elevar los requisitos para su presentación y aprobación podría ayudar a restituir el carácter excepcional de este instrumento. Entre las medidas mencionadas se encuentran la exigencia de una interpelación previa, la revisión de las causales que justifican una acusación y el establecimiento de umbrales más exigentes para su aprobación.

Las respuestas también destacaron que una eventual reforma no resolverá por sí sola las tensiones observadas en el uso de las acusaciones constitucionales. En opinión de varios panelistas, además de ajustes institucionales, resulta fundamental que autoridades, parlamentarios y actores del debate público ejerzan con responsabilidad una herramienta que cumple un rol relevante en el sistema de pesos y contrapesos de la democracia.