[Investigación] El impacto de “Mi Abogado”: investigación revela que el programa reduce la participación en delitos y el tiempo en residencias, generando bienestar infantil e importantes ahorros para el Estado 

Santiago, julio de 2025 — Un estudio publicado este mes en The American Economic Review revela que el programa Mi Abogado —impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y centrado en brindar representación legal intensiva e interdisciplinaria a niños, niñas y adolescentes que viven en residencias (ex Sename)— acelera la reunificación familiar, reduce en un 30 % los procesos penales en los que los menores aparecen como denunciados e incrementa su asistencia escolar. Los ahorros fiscales derivados de un menor uso de residencias duplican el costo de la intervención, y, al considerar los beneficios extra en términos de seguridad pública, el retorno social del programa resulta aún más elevado. 

La evaluación está basada en un diseño experimental aleatorizado, en el que dentro de una muestra elegible para el programa se priorizó el orden de entrada de forma aleatoria. Mi Abogado entrega desde el año 2017 representación legal especializada e interdisciplinaria a niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de protección o familias de acogida. Todos los niños en la muestra estudiada vivían en residencias. 

Un modelo basado en atención personalizada e interdisciplinaria 

El programa está diseñado para entregar una atención intensiva, con un enfoque integral. La carga de trabajo de los equipos está rigurosamente limitada. Otros niños en el sistema de protección tienen un abogado asignado, pero en algunos casos los abogados tenían asignados cientos de casos. Cada niño es acompañado por un equipo conformado por un abogado, un psicólogo y un trabajador social. “Los abogados son el eje del programa, pero los diagnósticos y acompañamiento del psicólogo y el trabajador social parecen ser indispensables para entender y abordar las situaciones familiares que enfrentan estos niños”, señala el profesor Andrés Hojman, investigador de este estudio. 

El estudio también analiza la evolución de los efectos en el tiempo y muestra que los beneficios del programa tienden a aumentar con una mayor exposición, lo que sugiere que el enfoque actual del programa de permanecer con el caso hasta su egreso es correcto. 

Las políticas públicas más efectivas y con mejor retorno no son las más baratas  

Uno de los aspectos más destacados es su alta rentabilidad social y fiscal. Mi Abogado aumentó los costos de asistencia legal en alrededor de $200 dólares por niño en un periodo de casi dos años, debido a una mayor participación en el programa y una menor asignación a abogados externos. Gracias a una menor permanencia en residencias, el programa permitió a SENAME ahorrar cerca de $1000 dólares por niño, debido a una baja en el uso de residencias y una pequeña alza en el uso de familias de acogida 

Si bien los ahorros directos benefician al sistema de protección, el impacto social del programa es aún mayor. La investigación considera una medida del ahorro social asociado con la reducción en las denuncias de delitos. Al considerar la reducción delictual, los beneficios netos totales ascienden a $4.135 dólares por niño en el período estudiado. Las estimaciones sugieren que los beneficios sociales del programa pueden ser mucho mayores que los ahorros que obtiene el SENAME por sí solo. 

“El estudio entrega evidencia directa que invertir en un programa de alta calidad y relativamente alto costo por niño es una buena inversión para el país. Incluso si el criterio fuera tan estrecho como el retorno fiscal de corto plazo, el programa sería una buena inversión. A eso hay que agregar beneficios sustantivos para los niños, y un ahorro en criminalidad que tiene unas tremendas implicancias para la sociedad. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de avanzar en políticas públicas de calidad enfocadas en la infancia más vulnerable en Chile”, señala el profesor de la Escuela de Gobierno UC. 

The American Economic Review es una de las revistas académicas más prestigiosas del mundo en economía. El equipo de investigación estuvo conformado por el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Hojman, el profesor Joseph Doyle de MIT y Ryan Cooper, de la Universidad de Chicago. La investigación fue realizada en colaboración con la Dirección de Presupuestos (Dipres). El profesor Hojman ha enfocado sus estudios en evaluar el impacto de políticas públicas para la infancia, especialmente en educación parvularia y protección de niños en residencias.