Consejo Fiscal Autónomo aterriza desafíos fiscales en seminario organizado por la Escuela de Gobierno y el Instituto de Economía 

El deterioro de las cuentas fiscales en Chile dejó de ser una advertencia puntual para transformarse en una tendencia que condiciona crecientemente el debate económico.  En ese contexto, la Escuela de Gobierno UC fue parte de una nueva jornada del Ciclo de Diálogos sobre el Desafío Fiscal, realizada por la Facultad de Economía y Administración UC, donde se analizó el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), elaborado a partir de las cifras preliminares de 2025 entregadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres). 

La instancia, que reunió a académicos con trayectoria directa en el diseño y evaluación de políticas públicas, se desarrolló en un momento especialmente sensible para la conducción fiscal del país. En efecto, el diagnóstico expuesto por Paula Benavides, en su rol como presidenta del CFA y académica de la Escuela de Gobierno UC, no solo apuntó a un desvío en la meta de balance estructural comprometida para 2025, sino que también evidenció una pérdida progresiva de holguras fiscales en el mediano plazo. 

Como explicó Benavides, “el problema no es solo el incumplimiento de una meta puntual, sino la trayectoria que estamos proyectando hacia adelante”. En esa línea, el informe advierte que el balance estructural se ubicaría por debajo de lo comprometido, lo que tensiona la credibilidad de la regla fiscal y reduce el espacio de maniobra de la política económica en los próximos años. 

Este punto es particularmente relevante si se considera que la regla de balance estructural ha operado históricamente como uno de los principales anclajes de la institucionalidad macroeconómica chilena. Su valor, sin embargo, no reside únicamente en su diseño técnico, sino en la consistencia de su aplicación. Por lo mismo, tal como enfatizó Benavides, los desvíos reiterados, aun cuando puedan justificarse en el corto plazo, tienden a erosionar su capacidad de ordenar expectativas y disciplinar la política fiscal. 

A partir de ese diagnóstico, la presentación avanzó hacia un problema más estructural. Las proyecciones para el período 2026–2030 muestran una presión sostenida sobre la deuda pública, en un contexto caracterizado por un menor crecimiento tendencial y un aumento persistente de las demandas de gasto. En consecuencia, el desajuste entre ingresos estructurales y compromisos fiscales deja de ser transitorio y pasa a configurar una restricción permanente. 

“Las necesidades de financiamiento del Estado están creciendo más rápido que sus ingresos estructurales”, advirtió Benavides, instalando así el núcleo del problema fiscal actual. En ese sentido, el informe del CFA no se limita a describir una desviación, sino que plantea una interrogante más profunda: cómo corregir la trayectoria fiscal sin afectar la actividad económica ni postergar demandas sociales que siguen siendo políticamente relevantes. 

A partir de ello, la presidenta del CFA hizo un llamado a que en el corto plazo se adopten acciones correctivas para retomar una situación fiscal sostenible, e instó “a que se logre un diagnóstico común de cuál es nuestra situación fiscal actual y que se genere un acuerdo amplio, en pos de la sostenibilidad fiscal, que se tiene que concretar en las decisiones que adopten los poderes Ejecutivo y Legislativo”. 

Transparencia en las estimaciones de los proyectos de ley 

Posterior a la exposición, se llevó a cabo un panel de conversación entre la directora del Instituto de Economía UC, Claudia Martínez, y la directora de la Escuela de Gobierno UC, Andrea Repetto, diálogo moderado por el consejero del CFA y académico del Instituto de Economía UC, Joaquín Vial. 

La discusión tomó como punto de partida el diagnóstico y rápidamente se desplazó a las medidas concretas que se pueden adoptar para no repetir los errores que se han cometido en el pasado, que han debilitado la sostenibilidad fiscal del país. 

Repetto recordó que Chile ha registrado déficits fiscales estructurales casi todos los años desde 2008 y que, de la mano de ello, la deuda pública ha tenido de tendencia creciente. “Tenemos un buen nivel, pero tenemos una tendencia que es muy mala y que empeora. Esa tendencia se ha puesto peor desde el Covid en adelante”, recordó, e hizo un llamado a las autoridades actuales a “evitar hacer lo que nos llevó a este punto”. 

La economista planteó como eje del debate la transparencia de los informes financieros que acompañan a los proyectos de ley, que -según detalló- “se toman por correctos”, cuando en realidad no es posible que expertos fuera de Dipres los repliquen. “A este punto nos llevó no solo que hayamos proyectado mal los ingresos en el último tiempo, llevamos mucho rato haciendo eso. Hemos hecho grandes gastos, compromisos de gastos fiscales que vienen con un informe financiero y con un adicional de cuánto vamos a recaudar para financiarlo, en que al gasto más o menos le achuntamos, pero a los ingresos no”. Ejemplificó con que leyes como la gratuidad en educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y su posterior extensión son ejemplos de leyes con informes financieros que han tenido en común ese efecto sobre las finanzas públicas, y precisó que “los tres últimos gobiernos y probablemente los anteriores también tienen culpas compartidas en esto”. 

A su turno, Martínez conicidió en que es un problema que los informes financieros se tomen por correctos y planteó que es necesaria una revisión más exhaustiva de dichos instrumentos de parte del Congreso. “La Dipres cumplió ese rol durante mucho tiempo, pero algo nos pasó”, dijo, y planteó que se podría avanzar en contar con una institución independiente que esté afiliada al Congreso, como el Congressional Budget Office en Estados Unidos, “que da inputs respecto a los informes financieros, al menos de los de los programas más caros”. 

La economista precisó que “uno no quiere duplicar la Dipres, pero por ahí podemos poner un poco de disciplina, para efectivamente tener una opinión independiente de cuáles podrían ser los efectos presupuestarios de los distintos proyectos de ley”. 

Vial, en tanto, se manifestó en contra de crear nuevas instituciones, y planteó que, a su juicio, la prioridad debe estar en fortalecer a la Dirección de Presupuestos para que elabore informes financieros replicables y más transparentes. En la misma línea que las panelistas, pero en términos más generales, comentó que “una de las cosas que se echan de menos, por ejemplo, es que en los antiguos tiempos, y no tan antiguos también, junto con el envío de la Ley de Presupuestos al Congreso, se enviaba un libraco que era casi tan grueso como la Ley de Presupuestos, con el cálculo de ingresos”. En su opinión, “hoy día tener ese tipo de información a la vista nos ayudaría a identificar mucho mejor dónde están los errores”. 

Institucionalidad fiscal al debe 

Respecto de la institucionalidad fiscal en el contexto actual y de los focos que poner hacia adelante, Repetto planteó que “la regla fiscal de balance estructural quedó corta no solo porque no se cumplía, sino porque también no es toda la necesidad de financiamiento que tiene el Estado. Se nos olvida que hay que aportarle al Fondo de Reserva de Pensiones, capitalizar las empresas públicas, pagar las garantías del CAE. Cuánto de eso es lo que llamamos bajo la línea y creo que fue superimportante agregar la deuda. Como ustedes muy bien dicen en su informe del Consejo, la deuda neta es donde hay que ir a mirar”. 

A su vez, Claudia Martínez puso el énfasis en la dimensión institucional del problema. Más allá de las decisiones específicas de gasto o ingresos, advirtió que “la credibilidad de la política fiscal es un activo que se construye en el tiempo, pero que se puede erosionar rápidamente”. En consecuencia, el cumplimiento de las reglas fiscales no solo tiene efectos contables, sino también reputacionales, lo que incide directamente en la estabilidad macroeconómica. 

Por su parte, Joaquín Vial reforzó esta lectura desde una perspectiva de largo plazo. A su juicio, el contexto en el que operaba la política fiscal chilena hace una década ha cambiado de manera sustantiva. “La combinación de menores ingresos extraordinarios, mayores presiones de gasto y un entorno externo más incierto reduce significativamente los márgenes de acción. En ese marco, la disciplina fiscal deja de ser un principio deseable y pasa a constituir una restricción efectiva”, señaló.