Panel UC aborda propuesta de registro de vándalos y exclusión de beneficios sociales
En una nueva consulta del Panel de Políticas Públicas UC —iniciativa de la Escuela de Gobierno UC en conjunto con Radio Pauta y Diario Financiero— los y las expertas mostraron su grado de acuerdo ante la afirmación:“La creación de un registro de vándalos y su exclusión de ciertos beneficios sociales según la gravedad de la falta, es una correcta política pública”. 50% señaló estar En Desacuerdo con la frase.
Imagen de Fajrul Falah en Pixabay
En su edición de junio, el Panel de Políticas Públicas UC fue consultado si estaba de Acuerdo o en Desacuerdo con la afirmación:“La creación de un registro de vándalos y su exclusión de ciertos beneficios sociales según la gravedad de la falta, es una correcta política pública”. Un 50% del Panel señaló estar En Desacuerdo o muy en Desacuerdo con la frase, mientras que un 38% dijo estar Der Acuerdo o Muy de Acuerdo.
La consulta se enmarca en el reciente anuncio del Ejecutivo de impulsar un registro de estas características como parte de su agenda de seguridad pública. Esta iniciativa contempla la creación de una nómina de personas que hayan cometido determinados delitos o incivilidades, con sanciones que podrían incluir la pérdida de beneficios sociales como la gratuidad en educación, subsidios habitacionales o la Pensión Garantizada Universal.
La mayor división se generó por sensibilidad política, puesto que quienes se siente representados más por un sector de derecha señalaron estar más de acuerdo con la afirmación.
Vocería del panel
El vocero de esta edición, Mauricio Duce, académico de la Escuela de Gobierno UC e investigador del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal, abordó los principales resultados y el contexto de la discusión en entrevista con Radio Pauta.
En la conversación, planteó dudas relevantes sobre el impacto de la medida, señalando que existe incertidumbre respecto de su efectividad como herramienta para modificar conductas. En particular, advirtió que “hay muchas dudas de que esta medida tenga un efecto disuasivo”, sugiriendo que su impacto podría ser “nulo, escaso o marginal” en la reducción de este tipo de conductas.
Asimismo, el académico subrayó que la discusión no solo debe centrarse en la severidad de las sanciones, sino también en la evidencia que respalda su efectividad y en la pertinencia del diseño de políticas públicas en este ámbito. En ese sentido, enfatizó la importancia de evaluar si este tipo de instrumentos contribuye efectivamente a los objetivos perseguidos o si, por el contrario, puede generar efectos no deseados.
Escucha la entrevista aquí:
Un debate abierto
La propuesta de crear un registro de vándalos ha abierto un amplio debate en el país, tanto por su potencial contribución al orden público como por los desafíos que plantea en términos de proporcionalidad, diseño institucional y equidad en la aplicación de sanciones. De hecho, según mencionó Mauricio Duce en la entrevista, existe una visión distinta desde la opinión pública a través de encuestas, como el 87% de persona que apoya la medida según Cadem.
Desde el mundo académico, el análisis se ha enfocado en la necesidad de contar con evidencia robusta para sustentar medidas de esta naturaleza, así como en resguardar principios fundamentales en el diseño de políticas públicas, especialmente cuando estas vinculan conductas sancionadas con el acceso a beneficios sociales.
