Profesora Catalina Droppelmann expone en el Senado sobre reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente
La académica de la Escuela de Gobierno UC participó en la Comisión de Constitución, donde entregó evidencia criminológica sobre los efectos de endurecer sanciones en adolescentes y advirtió sobre los supuestos detrás del proyecto en discusión.
En el marco de la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, la profesora de la Escuela de Gobierno UC, Catalina Droppelmann, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado, aportando evidencia comparada y fundamentos criminológicos al debate legislativo.
Durante su intervención, la profesora —quien también es directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad y del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal— valoró la preocupación de la comisión por la multireincidencia —“un problema real”, señaló—, pero cuestionó que el proyecto en discusión sea una respuesta efectiva para abordarla. Su presentación se centró en analizar los supuestos que sustentan la iniciativa, advirtiendo que “si esos supuestos son incorrectos, las normas que se construyen sobre ellos no van a producir los efectos que se buscan”.
Uno de los principales puntos planteados por la académica fue que el enfoque de endurecer penas descansa en una lógica que no se ajusta al comportamiento adolescente. Basándose en evidencia de neurociencia del desarrollo, explicó que los jóvenes no toman decisiones delictivas a partir de un cálculo racional de costos y beneficios, por lo que aumentar la severidad de las sanciones no tendría un efecto disuasivo significativo en este grupo.
Asimismo, enfatizó que la evidencia criminológica muestra que la disuasión del delito opera principalmente a través de la certeza de la sanción —es decir, la probabilidad de ser detenido— y no por su severidad. En esa línea, advirtió que el aumento de penas o la extensión del tiempo de privación de libertad puede incluso tener efectos contraproducentes, incrementando la reincidencia, especialmente cuando no existen intervenciones efectivas durante el encierro.
Respecto de la multireincidencia, Droppelmann profundizó en que la evidencia criminológica distingue trayectorias delictivas distintas entre los adolescentes. “La curva edad-delito muestra que la actividad delictual alcanza su punto máximo en la adolescencia tardía y disminuye de manera significativa en la adultez temprana”, explicó, citando estudios que estiman que cerca del 85% de quienes delinquen en la adolescencia no continúan haciéndolo en la vida adulta, en un proceso de desistimiento asociado a la maduración neurológica y al fortalecimiento de vínculos prosociales.
Sin embargo, advirtió que existe un grupo más acotado que sí persiste en el tiempo. Dentro de ese segmento, la evidencia identifica que aproximadamente un 20% de los infractores concentra la mayoría de los delitos, lo que da cuenta de una problemática real que requiere atención específica. “Ese grupo existe y requiere una respuesta diferenciada”, señaló, enfatizando que no basta con endurecer las penas de manera generalizada, sino que se necesitan herramientas de identificación temprana y programas de intervención intensiva que actúen antes de que las trayectorias delictivas se consoliden
La profesora también abordó los riesgos asociados a la internación provisoria en adolescentes, particularmente en casos donde no se logra acreditar la identidad. Según explicó, el uso extendido de esta medida cautelar —sin intervención ni programas asociados— puede generar efectos negativos en las trayectorias de los jóvenes, aumentando su exposición a dinámicas delictivas.
Al cerrar su exposición, Droppelmann hizo un llamado a distinguir entre respuestas severas y respuestas efectivas en política criminal: “La evidencia no dice que hay que ser impunes con los adolescentes que cometen delitos graves, sino que las respuestas deben ser efectivas. Este proyecto es severo. No hay evidencia de que sea efectivo”, señaló.
La participación de Catalina Droppelmann en esta instancia refleja el aporte de la Escuela de Gobierno UC al debate legislativo, poniendo a disposición de las instituciones públicas conocimiento basado en evidencia para el diseño de políticas que impactan directamente en la seguridad y el bienestar de la población.
Puedes ver la intervención de la profesora Droppelmann aquí:
