Nota en diario El Mercurio: Las claves que podrían evitar un fracaso constitucional

Camilo Castellanos – El Mercurio Inversiones

30 de marzo 2023

Analistas políticos, académicos y economistas advierten que un nuevo rechazo sería el peor escenario. La discusión en torno a los alcances del “Estado social de derecho” sería decisiva. A tan solo tres semanas de iniciar oficialmente su trabajo, este jueves fue un día especialmente intenso para la Comisión Experta. Las 23:59 horas de la sesión marcan como el tope para ingresar las normas en las que tienen acuerdo y que servirán como un primer esqueleto (todavía sin músculo, ni piel, ni nervios), de lo que será el borrador del texto constitucional. Y, cuando ni siquiera se realiza la votación de los consejeros constitucionales, para académicos, economistas y analistas políticos ya está claro cuál es el principal riesgo del proceso: un nuevo triunfo del Rechazo.

“Esta es la última posibilidad que tenemos para cerrar de manera ciudadana el proceso constituyente”, dice Rodrigo Arellano, decano de la Facultad de Gobierno de la UDD. “Es razonable estudiar y analizar nuevos derechos y obligaciones del Estado con la ciudadanía”. Una visión que comparten en el mercado. “Mantener el statu quo es incubar probablemente una nueva crisis en unos años más”, agrega Luis Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmerica.

“No importa que las elites estén tranquilas con el texto, sino que el texto que resulte sea aprobado”, advierte Guillermo Larraín, académico de la U. de Chile y exregulador del mercado financiero. “Si resulta muy parecido a la constitución actual y no resuelve sus problemas, podría llevar a un escenario muy terrible de que se pueda rechazar”, dice. Y cree que el panorama es incierto: “Las cosas que se han conversado hasta ahora no generan mucho entusiasmo”.

Existe consenso en que un nuevo triunfo del Rechazo, en este caso frente al borrador que surja de este proceso constituyente, abriría un escenario bastante complejo para el país. Por esto, distintos analistas plantean elementos que, a su juicio, debe considerar el nuevo texto para conseguir el apoyo ciudadano que requerirá. Para algunos, es clave que se establezca un Estado social de derecho de forma explícita, mientras que otros ponen matices. Y, en general, todos se inclinan por definir distintos derechos: desde la salud y las pensiones, hasta el de propiedad privada, se cuentan como claves a abordar post estallido social y el fallido proceso constitucional pasado.

A nivel general, entre académicos se reitera que la base para que un nuevo texto sea aprobado es que tenga el mayor consenso posible y se aleje de los extremos. “Recomendaría ser moderado en la ambición”, señala Diego Gil, profesor de la Escuela de Gobierno UC. Cree que se debería evitar regular aspectos que “generan mucho conflicto” o donde hay posiciones muy asentadas. Y agrega que el texto no debería definir políticas públicas. “Es un marco general que debe permitir distintas orientaciones de Gobierno, siempre que no crucen ciertos límites”, aclara.

“No hay que tratar de imponer una ideología, como ocurrió en el proceso anterior”, dice Arellano, de la UDD. “La moderación y la búsqueda de acuerdos va a ser fundamental”. El problema es que conseguir el apoyo ciudadano puede requerir más que moderación y acuerdo frente al texto, advierten varios. “El gran riesgo es que ocurra una especie de amnesia de lo que condujo al estallido social, que fue finalmente lo que detonó el proceso constituyente”, advierte Mauro Basaure, investigador del COES, un centro de estudios sobre conflicto social que reúne a académicos de diversas universidades. Basaure agrega que es errado pensar que el proceso constituyente es una “crítica al modelo neoliberal”. Pero “sí es una crítica a que ese modelo no da los resultados que prometió”, dice. No cree que el actual contexto “dé para otro estallido, porque requiere otros condimentos, pero los conflictos políticos y sociales no van a menguar” sin cambios, advierte. “

El nuevo proceso constituyente debe dar soluciones, sin necesariamente cambiar el modelo, pero sí hacerlo funcionar como corresponde”. “El texto tiene que hacerse cargo de varios problemas de forma clara”, agrega Larraín, de la U. de Chile. Asegura que hay temas importantes como los derechos sociales, la descentralización y un sistema político bloqueado. “La constitución tiene que hacerse cargo y, algunos de estos elementos, tomarlos como una especie de marca”, sostiene.

¿ESTADO SOCIAL DE DERECHO?

Pese a que hay consenso en que, “esta es la última oportunidad”, algunos aspectos de la discusión no serán sencillos. Y establecer de manera explícita un Estado social de derecho y sus implicancias podría ser uno de los nudos. Rodrigo Correa, académico de la Facultad de Derecho de la UAI, plantea que para la derecha será clave “la garantía de la propiedad, la libertad de emprendimiento, la posibilidad de que los privados participen activamente de la economía y en algunos sectores particularmente sensibles, como la educación”. Y, para la izquierda, lo serán temas como “la autorización a una intervención más fuerte del Estado”. A su juicio, sin embargo, esto no siempre es contradictorio. “Puede haber participación de los privados, pero con una regulación más fuerte”, plantea. Para el caso del Sernac, por ejemplo, dice que el texto no debería poner en duda la capacidad del Estado para regular al sector consumo y sancionar las infracciones regulatorias sin necesidad de ir a tribunales. “Me refiero a que un Sernac no resulte inconstitucional, como resultó bajo la actual constitución”, indica.

Una mezcla que algunos en el mercado también creen que será esencial para un proceso exitoso. “Creo que la clave va a estar en la compatibilización de lo que es un estado social de derecho con quienes están habilitados para proveer dichos derechos”, dice Alarcón, de EuroAmerica. “A mi juicio, esto último debe incorporar al sector privado de manera explícita”. Pero este equilibrio puede ser complejo y aún no hay mucho consenso sobre él. Arellano, de la UDD, dice que hay consenso respecto a que el Estado “debe incluir nuevas responsabilidades”. “Y, en esa lógica, me parece razonable estudiar y analizar nuevos derechos y obligaciones del Estado con la ciudadanía”, agrega. Pero, tal como lo ha expresado el mundo empresarial, cree que es fundamental “asegurar la debida participación de la sociedad civil”, dice en alusión a que privados gestionen la seguridad social, como ocurre hoy día. Y reconoce que esto “es lo que garantiza el principio de subsidiaridad”. Pero como esto último está ampliamente relacionado a la actual constitución, podría distanciarse de la idea que tiene la centro izquierda de un “Estado social y democrático de derecho”. Y esta “es una de las bases del actual proceso, que debe estar contenida en el nuevo texto, según el último acuerdo político”, dice Gil, de la UC.

Basaure, también académico de la U. Andrés Bello, cree de todos modos que incluirlo en el texto “no significa sobrecargar al Estado, como venía en el borrador anterior. Tiene que mantener un nivel de generalidad para que después se pueda ir definiendo en la ley la especificidad”, indica. Gil, de la UC, coincide. “Tampoco uno debiera esperar que con la sola cláusula vamos a poder avanzar hacia ese sistema de bienestar que todos estamos esperando”, sostiene. “También el listado de derechos sociales tiene que ser reformulado, de modo de orientar la acción del legislador”.

Para Larraín, de la U. de Chile, es necesario que esté explícito, “pero toca ver qué significa”, advierte. “Para algunos, es un estado subsidiario activo, lo que es medio contradictorio, y la gente no se va a comprar los títulos solamente”. Cree que hay que seguir el modelo de países europeos y darle contenido con derechos sociales. “Esto, con la lógica de que el Estado los otorgue en el tiempo, con responsabilidad fiscal y obligaciones para la ciudadanía, como el pago de impuestos”, afirma.

Correa, de la UAI, cree que un problema actual está en el Tribunal Constitucional (TC). A su juicio, la clausula de Estado social de derecho ya está en la constitución vigente, con la frase que establece que es función del Estado crear las condiciones sociales que “permitan a todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”. Pero advierte que algunas cláusulas actuales limitan esta función en temas como salud, donde se impide, por ejemplo, crear un sistema público único. Por esto, cree que “es más importante” preguntarse qué poderes tendrá un tribunal como este.

MÁS DERECHOS

Pese a que persiste la discusión sobre el Estado social de derecho versus un estado subsidiario, hay un elemento en el que sí hay consenso: el nuevo texto tendría que incluir nuevos derechos.

“Asegurando la debida participación de la sociedad civil, plantearía la posibilidad de incorporar ciertos derechos en temas de vivienda, salud y previsión, donde estamos todavía al debe”, dice Arellano, de la UDD. “Es necesario reformular el listado de los derechos sociales para hacerlos más consistentes con la idea de un Estado social y democrático de derecho”, plantea Gil. Pero para Basaure, del COES, es importante que “no sean tantos derechos”. “Se tiene que mantener un nivel de generalidad”, dice. Y agrega otro factor en el que parece haber bastante consenso: el texto debe entregar “certeza jurídica de la propiedad privada, y el significado de expropiación”. Esto, a su juicio, como “valor de mercado” y no “valor justo”, como proponía el anterior borrador.

Gil suma otro elemento en el que parece haber bastante consenso: cree que tienen que haber modificaciones al sistema político que “favorezcan la gobernabilidad”. “Es clave incorporar algunas reglas y principios que, sin entrar en tanto detalle, promuevan una menor fragmentación de la representación parlamentaria”, apunta. “Al sistema de gobierno es importante darle una nueva mirada”, concuerda Arellano, de la UDD. “Se debe eliminar la hiper fragmentación que tenemos en el Congreso que impide el avance de leyes”. Y, con todo ello, Correa, de la UAI, llama a considerar una clave final. “Contrariamente a lo que puede pensarse, la ciudadanía responde a liderazgos y no necesariamente a contenidos particulares”, dice. Cree que, justamente, la falta de liderazgos en la campaña del “Apruebo” pesó en el fracaso del borrador anterior. Por esto, cree que la clave es que, tras el acuerdo final, las fuerzas políticas “en su enorme mayoría” llamen a votar Apruebo.