Migración en Chile podría aportar al bono demográfico, impacto fiscal y macroeconómico, según cifras del Banco Mundial
Se señaló, entre otros temas, que el 40% de los migrantes tiene entre 20 y 34 años, aportando a la fuerza laboral y trabajos que chilenos no realizan, como también aportan más al fisco a cambio de beneficios sociales en comparación a los chilenos.
En el seminario ¿Puede la migración beneficiar a Chile? Desafíos y oportunidades, organizado por la Escuela de Gobierno UC, El Centro de Políticas Migratorias y Pacto Global, se abordó el reciente informe en desarrollo del Banco Mundial respecto al impacto de la migración en nuestro país.
Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno UC, dio las palabras iniciales al seminario “el modo en que comprendamos la inmigración y lo que hagamos y dejemos de hacer tendrá un impacto de largo plazo para el país. Se trata de un desafío complejo para la sociedad en Chile y también una posibilidad de aprendizaje para otros países de la región que están experimentando situaciones similares”.
En documento de trabajo que fue presentado por Paula Andrea Rossiasco Uscategui, especialista Senior en Desarrollo Social del Banco Mundial, contextualizó en que la migración venezolana particularmente es el segundo éxodo más grande en el mundo luego del movimiento provocado por la guerra en Ucrania. En ese sentido, 7,7 millones de venezolanos han salido de su país y alrededor de 6,6 millones se reubicaron en Latinoamérica. En Chile, existen 532 mil personas migrantes venezolanas, y casi 1.1 millón de otras nacionalidades, y en promedio entre todas las nacionalidades de migrantes, el 20,3% tiene menos de 25 años y 32,4% tiene entre 25 y 34 años.
El análisis del Banco Mundial sostiene que Chile tiene la posibilidad de adaptar sus políticas para aprovechar los beneficios de la migración, como lo han hecho países vecinos. Entre ellos destaca el bono demográfico, por ejemplo, que señala que el 40% de los migrantes en Chile tiene entre 20 y 34 años; la tasa de sostenibilidad fiscal de los migrantes, que es más alta que la de los chilenos (por cada peso de beneficio estatal que reciben, pagan más impuestos); y sus niveles educativos, que son similares o superiores al promedio chileno.
En relación con el impacto macroeconómicos se estima que solo la migración venezolana contribuyó en 0,2 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB, en promedio entre 2017 y 2023, y 117 dólares al PIB per cápita. Y en el caso del impacto fiscal, los migrantes tienen una baja tasa de dependencia fiscal. La tasa de sostenibilidad fiscal de los migrantes venezolanos en Chile es 1,63 y la de los otros migrantes es 1,61. Es decir que, por cada peso que reciben en beneficios sociales, un migrante venezolano paga en impuestos CLP 1,62 y uno de otras nacionalidades CLP 1,61 (la tasa de sostenibilidad fiscal de los chilenos es de 1,012).
Reacciones del Gobierno, el mundo empresarial, político y académico
El panel de conversación fue moderado por el director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti.
Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), señaló que las cifras laborales eran interesantes, pero que no había que olvidar los datos de la informalidad, que son muchos más altas que las cifras nacionales. Y destacó el curriculum académico de los migrantes, que pone particular presión para certificar esos conocimientos para una mejor inclusión laboral.
En relación al impacto fiscal, señaló que hay un impacto territorial que habría que medir, “sobre todo en ciudades del norte donde se percibe disputa por los servicios públicos, incluso ciertos privilegios para migrantes y eso genera mucha fricción social”.
En este mismo punto, Juan Francisco Galli, ex subsecretario del Interior, sostuvo que debiera haber una bajada de cuál es la distribución de esos beneficios, y, segundo, cómo están siendo percibidos esos beneficios por la población. “Si la migración es beneficiosa para Chile, la distribución de los beneficios es muy irregular. Los actores perjudicados en esto serán muy relevantes en la discusión pública”, explicó. “Es innegable que hay un impacto económico y fiscal y bono demográfico, y en términos generales positivos. Sin embargo, mi impresión es que nosotros como país debiésemos hacer un análisis más sofisticado. Cambiamos la institucionalidad y restricción migratoria y hemos tenido migración intensa en pocos años. Hay que incorporar más datos al análisis. ”, agregó.
“El informe entrega un marco normativo en relación con las razones de por qué migran las personas. Ahí el problema migratorio se llama problema porque es una crisis que no es chilena, proviene de una crisis de otro país. Un éxodo poblacional del cual no podemos escapar. Ahí hay un problema de economía política, valores o de espacio normativo. Me complica cuando se separa el análisis económico de otros. No se va a enfrentar ese dilema si no se enfrenta bajo una mirada global y de forma conjunta”, explicó el académico de ingeniería UC, director del núcleo milenio Migra y presidente de Espacio Público, Patricio Domínguez.
Ante la consulta sobre el ingreso regular y las oportunidades para Chile que plantea el Banco Mundial, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, señaló que la Política Nacional de Migración expresa que, “los procesos de regularización que eventualmente se realicen en este país deben estar asociados a papeles judiciales positivos, y, además, a inserción laboral efectiva”. En ese sentido, señaló la autoridad, se tendrían que aplicar los criterios que se aplican en Europa, donde la regularización se realiza por medio de la formalización del trabajo.
El director del Servicio Nacional de Migraciones finalizó su intervención comentando una muestra representativa de 500 migrantes empadronados a quienes se encuestó en línea a través de este servicio. “El 85% en total tiene empleo dependiente, y el 34% de ese porcentaje tiene contrato de trabajo. El 45% tiene mínimo ingreso a la universidad. El 50% tiene hijos menores de edad en Chile, y, de este porcentaje, el 13% son chilenos. El proceso de regularización tiene que trazar una línea, no solo a quienes no tienen delitos, sino que a quienes quieren integrarse. Es pésima política pública no hacernos cargo de esto”, concluyó.