Ampliación del Pilar Solidario: propuesta imprudente

La propuesta del Gobierno de ampliar el Pilar Solidario a personas que pertenezcan al 80% más vulnerable (desde el 60% actual), sin un financiamiento robusto, es imprudente. El Pilar es un complemento a las pensiones que las personas logran acumular a través de su cuenta de AFP y se financia con rentas generales.

A comienzos de 2020 se legisló un aumento gradual del 50% de los beneficios del Pilar. La Pensión Básica Solidaria (PBS) es el beneficio para las personas que no tienen pensión y llegará a $170 mil en 2022. A los que tienen una pensión bajo un cierto umbral ($500 mil en 2022) se les entrega un Aporte Previsional Solidario (APS), correspondiente a una fracción decreciente de la PBS. Hay 600 mil jubilados que reciben la PBS y algo más de un millón, el APS.

Según la Dipres, sumando el nuevo anuncio al aumento del año pasado y a la reforma, el gasto en pensiones aumentará, respecto de 2019, en US$ 4.500 millones (o 1,5% del PIB).

Ampliar el Pilar Solidario es un paso deseable y cada vez más necesario, dados los daños previsionales provocados por los retiros del 10%.

Pero, desde un punto de vista fiscal, sin ingresos o reasignaciones permanentes que lo respalden, es una propuesta irresponsable. Son tres las razones para calificarla así.

En primer lugar, el director de Presupuestos, contradiciendo el primer anuncio presidencial, ha dicho que ya no será el fin de algunas exenciones tributarias lo que financie estos gastos, sino que los ingresos por la licitación del 5G y el mayor crecimiento futuro. Es decir, se producirían “holguras” fiscales más adelante que permitirán financiar el mayor gasto.

Estas holguras, lamentablemente, son el resultado de un feble y hasta cierto punto fantasioso ejercicio de proyección. Supone que los ingresos fiscales crecerán 7,2% promedio anual en 2023-25 y los gastos solo 0,4% por año en el mismo período (Cuadro III.5.1., IFE 4T 2020).

Se contradice así la sana tradición de los últimos 30 años de evitar el absurdo de proponer financiar gastos permanentes con ingresos por una vez (como la licitación del 5G) o con arbitrarias proyecciones de alto crecimiento y pocos gastos.

La segunda razón es la falta de coherencia. En 2018, el ministro de Hacienda dijo que “desde el primer día, hemos sincerado la verdadera situación de las cuentas fiscales”. Luego, se comprometió “a detener la dinámica acelerada de la deuda pública y, para cumplir con este objetivo, reduciremos el déficit estructural que heredamos [de -2%] hasta 1% del PIB en el Presupuesto 2022”.

Si la situación de entonces les generaba inquietud, la de hoy les debiera generar alarma. El déficit fiscal proyectado para este año es 3,3% del PIB, medio punto mayor que en 2016-17. El balance estructural se calcula en -4,2%. La proyección de la deuda pública a mediano plazo está 15 pp del PIB por encima de las proyecciones de solo dos años atrás.

Por supuesto que, con la pandemia y el estallido social, no tiene sentido pasar cuentas por esas promesas. Habría sido necio intentar cumplirlas. Pero lo que parece incomprensible es comprometerse a un mayor gasto permanente bajo una situación deteriorada.

La tercera razón, más técnica, se relaciona con la última reforma al Pilar respecto del APS en retiro programado: ahora son los jubilados los que primero agotan todos sus ahorros y luego el fisco los apoya (antes era una combinación). Esto significa que parte del gasto por la ampliación del Pilar se pagará más adelante. Beneficios hoy, gasto fiscal mañana. Una asombrosa similitud con los retiros del 10%.

Es de esperar que el Consejo Fiscal Autónomo le haga ver al Gobierno que su propuesta es imprudente.

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