Chile quintuplica su gasto social en tres décadas, reduciendo significativamente la desigualdad 

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En las últimas tres décadas, el gasto social en Chile se ha quintuplicado por habitante, en términos reales, entre 1990 y 2023 y representando hoy el 60% del presupuesto nacional. Este aumento ha transformado la política social del país, evolucionando desde un esquema residual hacia un enfoque más universalista financiado principalmente por impuestos generales. 

Un reciente estudio del profesor de la Escuela de Gobierno UC, Osvaldo Larrañaga, analiza los efectos redistributivos del gasto social en Chile en cuatro períodos clave (1996, 2006, 2017 y 2022). Muestra que estas inversiones han reducido la desigualdad en ingresos y acceso a servicios esenciales. En 1996, el coeficiente de Gini del ingreso autónomo se reducía en 5,4 puntos gracias a transferencias y servicios públicos. En 2022, la reducción alcanzó los 10,9 puntos. 

Osvaldo Larrañaga señala que en el último periodo observado (2014-2023) el gasto sigue aumentando a tasas históricas, mientras que el PIB se desploma por distintos motivos que pasan en ese periodo, lo que explica por qué la deuda pública está aumentando significativamente. “Se debe tener en cuenta que gasto social representa, fácilmente, un 60% del presupuesto público”, agrega el profesor de la Escuela de Gobierno UC.  

“Junto con el aumento del gasto social ha venido cambiando la estructura de la política social”, dice. En términos de pensiones y salud pasa algo similar: en el caso del primero aumenta el aporte de pensiones solidarias frente al pilar contributivo; y referente al segundo, FONASA ha ido financiándose mayoritariamente por impuestos más que cotización individual.  

Análisis de los diferentes sectores 

En educación, la diferencia de gasto entre el quintil más alto y el más bajo cayó de 4,6 veces en 1996 a 1,6 en 2022. Disminuye la brecha del gasto en salud entre quintiles, de 5,1 a 1,4 veces. “Lo que se dice comúnmente que hay salud para pobres y para los ricos, eso se reduce bastante hoy en día por lo menos en cuanto se gasta, no en cuanto se recibe. Ojo, ahí entramos con el tema de la eficiencia del gasto público en salud”, explica Larrañaga. 

En términos de pensiones, hoy en día las personas reciben desde un pilar solidario o desde un sistema contributivo (AFP y sistema de reparto). Respecto a la PGU, el análisis se hace desde el año 2006 (puesto que en 1996 no existía la pensión solidaria) y lo que reciben las personas mayores de 65 años es bien parejo entre los 5 quintiles dado que la PGU es básicamente universal, mientras que la pensión contributiva continúa manteniendo la brecha. 

En términos de cobertura para los mayores de 65, entre 2006 a 2022 la pensión solidaria tiene un salto importante gracias a la PGU, mientas que la pensión contributiva se mueve poco respecto a su tendencia previa. Ante ello, la desigualdad en el monto de la pensión recibida se redujo de 3,7 a 1,6 veces, entre los quintiles 5 y 1 de los mayores 65. El gasto social ha sido particularmente progresivo: en 2022, el decil más pobre recibió recursos equivalentes al 290% de su ingreso autónomo, mientras que el decil más rico solo un 2%. 

Vivienda en tanto, la brecha bajó de 3,9 a 1,9 veces. 

Desafíos y sostenibilidad fiscal 

A pesar de los avances, el estudio advierte que el impacto del gasto en salud y educación podría estar sobreestimado, pues no siempre se traduce en beneficios directos para los hogares debido a problemas de eficiencia en la gestión pública. Además, el crecimiento del gasto social se enfrenta a importantes restricciones fiscales. Desde 2009, los ingresos tributarios han sido insuficientes para financiar el aumento del gasto, lo que ha llevado a un incremento sostenido de la deuda pública, que pasó del 5% del PIB en 2009 al 41% estimado para 2024. 

En 2023, educación y salud concentraron el 68% del gasto social, seguidas por el Pilar Solidario de pensiones (14%).  

Chile ha logrado avances significativos en la reducción de la desigualdad gracias al gasto social, convirtiéndose en uno de los países con mayor impacto redistributivo en la región. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo dependerá de la capacidad del Estado para mejorar la eficiencia del gasto y garantizar fuentes de financiamiento sostenibles. Aunque Chile ha alcanzado niveles de gasto con relación al PIB similares a los de países de la OCDE en estas áreas, su capacidad para seguir expandiendo las políticas sociales dependerá de reformas en la gestión de los recursos públicos. 

El debate sobre el futuro del gasto social y su impacto en la equidad será clave en las próximas décadas, en un contexto de menor crecimiento económico y presiones fiscales crecientes.